Desde Izquierda Unida Arganda condenamos con firmeza la trama de corrupción Gürtel y su impacto devastador en Arganda del Rey. La Unidad de Ejecución 124 (UE-124) es considerado el mayor pelotazo urbanístico de esta trama de corrupción, regalándole a Correa 12 millones de euros. Esta operación también implicó la ampliación de hasta 12 y 15 alturas para los edificios que allí se iban a construir, cuando la ley del suelo sólo permitía 5 alturas.

A esto hay que sumarle, los más de 25 contratos irregulares que el Partido Popular otorgó a empresas de la Gürtel. Son más de 27 millones de euros en sobornos y estafas vinculados a nuestro municipio. Este caso es un ejemplo paradigmático de cómo la ausencia de regulación y la filosofía neoliberal de la “ley de la selva” han permitido que unos pocos se apropiaran de los recursos públicos, traicionando la confianza de la ciudadanía.

Este no fue un caso aislado, por mucho que los herederos del Partido Popular en Arganda quieran que así lo creamos. Son 600 dirigentes del Partido Popular los que han estado implicados en procedimientos judiciales por corrupción, quienes incluso no han dudado en aprovechar los peores momentos de nuestra sociedad para enriquecerse o beneficiarse “indirectamente” del clientelismo económico y político. No, no nos olvidamos de las mascarillas.

Y es que el saqueo sistemático del dinero público por parte de tramas corruptas como Gürtel demuestra la absoluta dejación de responsabilidades de los gobiernos que, durante demasiado tiempo, han tolerado la impunidad y han mirado hacia otro lado ante las recomendaciones internacionales en materia de transparencia y prevención de la corrupción. Se calcula que la corrupción en nuestro país ha costado – desde que hay estudios – 100.000 millones de euros.

Condenamos la utilización de los recursos públicos para fines privados, para las élites, que no es otra cosa que la apropiación de lo que es todas para el enriquecimiento de unos pocos, y apelamos a que se conformen órganos para la prevención real y efectiva de la corrupción, y no simplemente para investigaciones a posteriori.